Hay cosas que uno puede discutir durante horas. Podemos discutir sobre modelos migratorios, sobre cooperación internacional, sobre si España necesita inmigración, sobre integración, sobre permisos de trabajo o sobre qué política funciona mejor. Perfecto. Pero hay otra cuestión que debería ser muchísimo más sencilla: una frontera está para controlar quién entra en un país. Parece una obviedad de primero de Estado, pero viendo lo ocurrido en Ceuta últimamente, igual hay que empezar a escribirlo en carteles luminosos.
Porque cuando decenas de miles de personas consiguen entrar irregularmente en territorio español en un espacio de tiempo ridículamente corto, aquello no puede venderse como una anécdota migratoria ni resolverse con cuatro declaraciones solemnes delante de una bandera. Es un fracaso fronterizo de proporciones monumentales. Según las cifras manejadas por el Gobierno español, unas 72.000 personas llegaron irregularmente a Ceuta durante la crisis de finales de julio. Marruecos ofreció cifras diferentes, pero incluso su estimación hablaba de decenas de miles. Y si pueden entrar decenas de miles de personas de golpe, tenemos un problema bastante más serio que encontrar una palabra políticamente agradable para describirlo.
Porque una frontera no es una sugerencia. No es una línea decorativa dibujada en Google Maps. Tampoco es una puerta que funciona según el número de personas que decidan empujarla simultáneamente. Si alguien tiene derecho a entrar en España, entra por los cauces establecidos. Si necesita protección internacional, solicita asilo conforme a la legislación. Si quiere trabajar aquí, existen procedimientos migratorios para hacerlo. Podremos discutir si esos procedimientos son lentos, insuficientes o una mierda burocrática monumental, pero lo que no puede convertirse en procedimiento alternativo es: «somos muchos, corremos todos y a ver qué pasa».
Y decir esto no debería ser considerado ninguna barbaridad. De hecho, es exactamente lo que cualquier Estado serio debería defender. Porque mientras nosotros discutimos durante tres horas sobre terminología, las mafias y quienes difunden bulos en redes sociales han entendido perfectamente el negocio. Reuters documentó cómo vídeos virales y desinformación ayudaron a alimentar la llegada masiva a Ceuta, incluyendo interpretaciones falsas sobre decisiones judiciales y supuestas oportunidades para permanecer en España. Es decir: alguien publica que ha llegado el momento, otros lo amplifican y miles de personas pueden terminar poniendo rumbo a una frontera. Bienvenidos al siglo XXI, donde un puto vídeo viral puede acabar convirtiéndose en un problema de seguridad nacional.
Y aquí aparece una palabra que parece dar urticaria: expulsión. Si una persona adulta entra ilegalmente, no reúne las condiciones legales para permanecer en España, no solicita o no obtiene protección internacional y la legislación permite su devolución o expulsión, habrá que ejecutarla con garantías. Punto. No como castigo ni porque esa persona sea peor que nosotros, sino porque si entrar ilegalmente termina proporcionando exactamente el mismo resultado que hacerlo legalmente, acabamos de mandar a tomar por culo el concepto mismo de frontera. Precisamente este 13 de agosto Interior ha anunciado el envío a Ceuta de más policías y una veintena de funcionarios específicamente para agilizar los trámites de expulsión.
Y mientras tanto está el inmigrante que hace las cosas correctamente. Ese del que curiosamente hablamos muchísimo menos. El que pide un visado, presenta documentación, espera permisos, consigue un contrato, paga tasas, trabaja, cotiza y cumple las normas. A ese señor debemos estar haciéndole una cara de gilipollas considerable cuando observa cómo el debate público parece asumir que exigir el cumplimiento de las leyes migratorias es una especie de crueldad. Defender una inmigración legal y ordenada también significa respetar al inmigrante que ha cumplido las reglas.
Después está Marruecos, nuestro vecino, socio, amigo, colaborador y todas esas palabras maravillosas que utilizamos en diplomacia cuando nadie quiere decir exactamente lo que piensa. Rabat asegura que combate las redes migratorias y ha reforzado la vigilancia, pero después de una crisis fronteriza de este tamaño resulta inevitable exigirle una cooperación absolutamente clara. Porque España puede colocar policías, Guardia Civil, cámaras, vallas, boyas y hasta un dragón escupiendo fuego en el Tarajal, pero gestionar una frontera compartida exige que el país situado al otro lado también haga su puta parte.
Y como si el ambiente estuviera demasiado tranquilo, aparece además periódicamente la cuestión de Ceuta y Melilla. Marruecos volvió esta semana a plantear su reivindicación sobre las dos ciudades y España respondió que su soberanía no está en discusión. Pues quizá convenga dejarlo cristalino: Ceuta y Melilla son ciudades españolas y sus fronteras son fronteras españolas y europeas. Defenderlas no debería depender del partido que gobierne ni convertirse en una competición para ver quién lleva la bandera más grande. Es una obligación básica del Estado.
También deberíamos dejar de hacer trampas mezclándolo absolutamente todo. Una cosa es la inmigración. Otra, el asilo. Otra, los menores. Otra, las mafias. Y otra muy distinta una entrada irregular masiva. Meterlo todo en el mismo saco solo sirve para que cada bando construya su propaganda favorita. Quien huye realmente de una persecución merece que su solicitud sea estudiada. Un menor debe recibir la protección que establezca la ley. Y una persona que simplemente entra ilegalmente y no tiene derecho a permanecer debe ser retornada cuando legalmente corresponda y sin perder mucho el tiempo. No debería hacer falta un máster en Derecho Internacional para entender la diferencia.
Porque además existe un detalle que solemos olvidar desde la comodidad de nuestros sofás: en Ceuta vive gente. No es un decorado fronterizo para los debates de televisión. Hay familias, comerciantes, trabajadores, policías, guardias civiles, sanitarios y niños que tienen exactamente el mismo derecho que cualquier vecino de Madrid, Sevilla o Valladolid a vivir en una ciudad segura y razonablemente normal. A comienzos de agosto las autoridades ceutíes seguían hablando de miles de personas permaneciendo en una ciudad de apenas 20 kilómetros cuadrados y describían la situación como insostenible.
Y por supuesto hay una tragedia humana detrás de todo esto. La crisis dejó decenas de muertos. Personas que tomaron una decisión desesperada y terminaron perdiendo la vida. Eso debería ser precisamente otro argumento para impedir que vuelva a ocurrir, no para aceptar que la frontera se convierta periódicamente en una puta carrera en la que el premio consiste en conseguir pisar territorio español antes de que te detengan. Una política migratoria que termina incentivando a miles de personas a jugarse la vida tampoco tiene absolutamente nada de humanitaria.